Constitucional

¿El proceso de hábeas data permite exigir que se produzca información?

El 11 de febrero de 2019, se ha publicado -en el portal web del Tribunal Constitucional-, la Sentencia recaída en el Expediente N° 6915-2015-HD, a través de la cual el Tribunal Constitucional, a partir de un caso, se pronunció sobre la posibilidad de exigir, a través de un pedido de acceso a la información pública, que una entidad del Estado produzca información. En las siguientes líneas, algunas reflexiones sobre tal sentencia.

Una controversia de larga data: El pedido de acceso a la información pública fue realizado en octubre de 2013. La controversia en sede judicial culminó con la sentencia de julio de 2015. En junio de 2017 se aprobó el abocamiento de uno de los magistrados del Tribunal Constitucional y el 8 de agosto de 2018 se expidió la sentencia, siendo publicada el 11 de febrero de 2019. Como puede advertirse, es una controversia que ha venido durando más de cinco (5) años.

En el año 2013 el demandante solicitó al Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de la Libertad S.A. (Sedalib) que se le brinde -vía acceso a la información pública- la relación nominal de procesos judiciales civiles en los que Sedalib actúa como demandante o demandado, pedido que fue denegado por la empresa. En el marco del proceso de hábeas data, la entidad demandada brindó argumentos interesantes, como el indicar que no tiene la relación solicitada, por lo que no está obligada a entregar algo con lo que no cuenta ni a producir informes, conforme a los establecido en el artículo 13° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La demanda de hábeas data fue desestimada en las instancias judiciales puesto que lo que realmente pretendía el demandante es que la empresa estatal procese o elabore información, concordando con la postura de la parte demandada en tal extremo. No obstante ello, el Tribunal Constitucional -con la sentencia objeto de análisis y en contraposición de lo determinado por el Poder Judicial- declaró fundada la demanda, bajo los siguientes argumentos:

  • La información de las empresas del Estado es pública, conforme al artículo 8° del Texto Único Ordenado de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (Párrafo 5).
  • Por lo tanto, toda vez que la parte demanda es una empresa del Estado, se encuentra obligada a entregar la información solicitada por el demandante (Párrafo 6).
  • Asimismo, la información peticionada se encuentra en posesión de Sedalib puesto que este tiene condición de parte en los procesos respecto de los cuales se formula el pedido de información (Párrafo 8).
  • Finalmente, el pedido no incurre en alguna prohibición establecida en la normativa correspondiente.

Conforme a lo señalado, se ordenó a Sedalib que entregue una relación nominal de los procesos judiciales en trámite, correspondientes a la especialidad civil, en los que cuenta con condición de parte demandante o demandada, condenando a su vez al pago de costos procesales.

No obstante, la sentencia fue suscrita por seis de siete magistrados. Quien expresó su voto singular fue la magistrada Marianella Ledesma, considerando que la demanda debió ser desestimada puesto que la solicitud de acceso a la información pública fue indebidamente formulada, toda vez que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional exige que la misma sea suficientemente precisa. Por el contrario la pretensión del demandante fue general toda vez que no se indicó “[…] con precisión a que expedientes judiciales civiles o a qué relación de expedientes judiciales civiles se desea acceder, de qué periodos o desde qué año, si de los expedientes ya culminados o en trámite, etc.[…]”.

Sobre lo señalado, considero que aquí hay varios puntos interesantes que podemos abordar, centrándonos en dos: (i) si existe una obligación de generar documentación y, por otro lado (ii) el grado de especificidad, los cuales serán abordados en tal orden.

Primero, en lo relativo al tipo de información que se puede exigir por medio de una solicitud de acceso a la información pública, queda más o menos claro que se solicita el registro de los procesos judiciales donde interviene una empresa pero el mismo no existe. En ese sentido, si se dispone la elaboración de un registro, por más que sea formulado con información existente, ello implica generar un nuevo documento, exigiendo algo que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública no exige. Si bien hay temas fácticos que nos permite señalar que el cumplimiento de la sentencia no reviste mayor dificultad -puesto que un ente mínimamente organizado debería tener un registro del histórico de sus procesos, por materia- no es menos cierto que se está exigiendo a un ente el generar un nuevo documento, apartándose de lo establecido en la ley, sin ningún sustento expreso.

Segundo, en lo que concierne a la especificidad del pedido, considero que es interesante lo que argumenta la magistrada Ledesma, pero ello llevado a extremos, podría implicar que se exija la precisión de los números de los expedientes para que se brinde la información ante un pedido referido a piezas procesales, por tomar un ejemplo. No obstante, hay que tomar en consideración que en muchas ocasiones se utiliza la solicitud de acceso a la información pública porque no se tiene certeza sobre la documentación con la que cuenta una determinada entidad. Por ello, si bien hay que exigir cierto grado de especificidad en las solicitudes de información, ello no puede ser irrazonable, lo cual se tendrá que ver en la situación concreta. Así por ejemplo, en el caso materia de análisis la magistrada Ledesma sugiere que se precise el intervalo de años para que existe precisión. No obstante, puede entenderse que el pedido se refiere a todo el tiempo de operatividad de la empresa, lo cual sería un pedido específico, por más que la información que pueda remitirse sea extensa.

San Miguel, 12 de febrero de 2019.

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