Constitucional

Disolución del Congreso I:¿Fue correcto declarar la improcedencia del amparo contra la disolución?

Se acaba de publicar -hace unos minutos- una resolución que declara la improcedencia la demanda de amparo interpuesta por el ex congresista Ángel Neyra contra el decreto supremo que dispuso la disolución del Congreso de la República (ver resolución).

Más allá de estar de acuerdo o no con tal acto de disolución, es importante tomar en consideración que los jueces que toman conocimiento de las controversias vinculadas a tal sensible temática deben estar a la altura de las circunstancias, lo cual se acredita con la adecuada motivación de sus resoluciones.

No obstante, esta resolución de primera instancia deja muchos vacíos argumentativos que convendría anotar y que se puede advertir de una simple lectura de sus términos.

Al respecto, para identificar los puntos en mención hay que tener en cuenta que -fundamentalmente- dos son los argumentos que el juez usa para declarar la improcedencia de la demanda:

  • (i) El decreto supremo cuestionado tiene apariencia de constitucionalidad, no desprendiéndose “[…] una manifiesta arbitrariedad e inconstitucionalidad […]”.
  • (ii) La controversia sustancial, planteada por la demanda, se encuentra bajo conocimiento del Tribunal Constitucional en un proceso competencial.

Sobre el Punto i) -como bien se sabe- vale precisar que las causales de improcedencia deben estar determinadas de alguna forma por el ordenamiento jurídico, he de ahí que resulta pertinente acudir a lo dispuesto por el artículo 47º y el inciso 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, de los cuales se desprende que una demanda de amparo será declarada improcedente, de forma liminar, si es que “[l]os hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado” y no -como mal hace la resolución- cuando la norma cuestionada no sea manifiestamente inconstitucional, siendo -en el mejor de los casos- un pronunciamiento sobre el fondo y no sobre la procedencia de la demanda, resultando un craso error argumentativo.

Asimismo, sobre el Punto (ii), la resolución nada dice del sustento normativo para considerar que el hecho de que exista un proceso competencial en trámite sea un fundamento pertinente para declarar la improcedencia de la demanda de amparo.

Lo indicado evidencia problemas en la motivación de esta de resolución de primera instancia, la cual podría ser subsanada por las instancias siguientes, aunque para entonces ya se habrán realizado las elecciones o ya se contaría con el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre la demanda competencial puesta a su conocimiento.

Lima, 22 de octubre de 2019

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