Constitucional

Disolución del Congreso II: Improcedencia del amparo de Marisol Espinoza

En una anterior publicación se hizo una breve  reflexión sobre los problemas de justificación de la resolución que declaró la improcedencia de la demanda contra el decreto supremo de disolución del Congreso de la República interpuesta por el ex congresista Ángel Neyra (ver entrada).

Días después (ayer), se ha hecho pública la resolución que declara la improcedencia de otra demanda de amparo interpuesta contra la misma norma, esta vez por parte de la ex congresista Marisol Espinoza (ver resolución).

Si comparamos esta resolución de improcedencia con la del caso de Ángel Neyra, definitivamente podemos decir que vamos mejorando, toda vez que esta nueva resolución tiene muchos considerandos y argumentos sustanciales que parten de premisas constitucionales.

Al respecto, con la demanda se habría alegado la vulneración  de los derechos de elegir y ser elegido, al trabajo y al debido proceso, siendo declarada improcedente –en esencia- por lo siguientes tres argumentos fuerza:

  • (i) De la redacción de la demanda no queda claro si lo que se cuestiona es la norma de disolución o los actos realizados para su aplicación.
  • (ii) Que la demanda no ha expuesto una argumentación mínima para entender que la norma de disolución presuntamente habría vulnerado derechos fundamentales.
  • (iii) El juez constitucional que resuelve no tiene competencia puesto que la demanda plantea –realmente- un conflicto de competencia, el mismo que se encuentra bajo conocimiento del Tribunal Constitucional, constituyendo una causal de improcedencia conforme a lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional.

Los puntos (i) y (ii) se encuentran vinculados al numeral 1) del artículo 5º del Código Procesal Constitucional y son motivos suficientes para declarar la improcedencia de la demanda, siempre y cuando sea efectivamente cierto lo que se afirma, lo cual no se puede verificar al no ser de conocimiento público los alcances de la demanda de amparo de la ex congresista Marisol Espinoza.

Asimismo, al no existir duda en la argumentación del juez, no debería aplicarse el principio pro actione. De otro lado, tampoco considero que deba aplicarse el principio de suplencia por queja deficiente (más vinculado con un análisis de fondo que con uno de procedencia) puesto que el juez no contaría con elementos mínimos para su aplicación.

La argumentación del Punto (iii), resulta interesante puesto que desarrolla la relación entre la demanda de amparo y el proceso competencial con cautelar que se encuentran en trámite ante el Tribunal Constitucional, indicando luego que no hay sustento suficiente que sustente la inaplicación del decreto supremo de disolución, concluyendo que se ha incurrido en la causal de improcedencia del 9 del artículo 5º del Código Procesal Constitucional, el cual establece que una demanda de amparo será declarada improcedente si:

[…] 9.- Se trata de conflictos entre entidades de derecho público internos. Los conflictos constitucionales surgidos entre dichas entidades, sean poderes del estado [sic], órganos de nivel o relevancia constitucional, gobiernos locales o regionales, serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes […]

Código Procesal Constitucional

Este hilo argumentativo es un poco confuso (por la referencia a la falta de sustento para la inaplicación del decreto supremo de disolución), puesto que pareciera que el juez considera viable que un proceso de amparo trate un tema de conflicto de competencias, siempre y cuando los hechos y la argumentación permitan identificar que es posible de que exista una afectación a derechos fundamentales, pero ello no es mencionado de forma expresa en la resolución.

De otro lado, se declara la improcedencia de amparo asumiendo que será el Tribunal Constitucional el ente que verá el fondo de la controversia competencial, sin tomar en consideración que hay serios cuestionamientos a la regularidad de la presentación de la demanda competencial y su cautelar (puesto que parte de los mismos fue autorizado por la Comisión Permanente y no por el Pleno del Congreso), siendo posible que se declare también la improcedencia de tal demanda competencial y, por ello, que no se analice el fondo del conflicto de competencias y de la pretensión final de la ex congresista Marisol Espinoza, pudiendo constituir ello una vulneración a su derecho a la protección judicial, reconocido en el artículo 25º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Lo precisado no quita mérito a la argumentación realizada en la resolución judicial objeto de análisis, la cual se encuentra debidamente motivada aunque –como todo- es perfectible, siendo una  notable mejora en la argumentación judicial sobre un tema fundamental como es la disolución del Congreso de la República.

Lima, 26 de octubre de 2019

Fuente de la imagen: Andina.pe. https://andina.pe/agencia/noticia-peru-y-costa-rica-fortaleceran-relaciones-comerciales-destaca-vicepresidenta-505290.aspx

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