Constitucional

Disolución del Congreso III: La admisión del competencial

El 5 de noviembre del presente se ha publicado el auto del Tribunal Constitucional recaído en el Expediente Nº 6-2019-CC (ver aquí), por medio del cual admite la demanda competencial interpuesta por el Presidente de la Comisión Permamente.

1.La admisión de la demanda competencial

  1. 1. Argumentos de la resolución del Tribunal Constitucional

De forma sencilla, la resolución busca acreditar el cumplimiento de los elementos subjetivo (legitimidad para obrar) y objetivo (acreditación de un conflicto de competencias constitucionales). Sobre el elemento objetivo, el Tribunal Consitucional señala de forma expresa que se cumple, tomando en cuenta que “[…] resulta evidente que una controversia que gira en torno a la legitimidad de la disolución del Congreso de la República es uno de los más importantes y urgentes conflictos constitucionales que podrían ser materia del proceso de competencias […]”.(Fundamento jurídico 25)

El cumplimiento del elemento subjetivo, es aquel que el Tribunal Constitucional brinda mayor esfuerzo en su justificación, la cual busca precisar si la parte demandante tenía facultades para interponer la demanda competencial conforme al siguiente constructo argumentativo:

(i) Las partes del proceso deben contar con legitimidad para obrar, lo que se acredita con la debida autorización para la presentación de la demanda competencial. (Fundamento jurídico 3)

 (ii) El artículo 109 del Código Procesal Constitucional exige que los órganos que tengan composición colegiada deben contar con la aprobación del respectivo Pleno para presentar la demanda competencial. Por lo que en principio, la autorización para la presentación de la demanda competencial a favor del Congreso debe ser realizada por su Pleno. (Fundamento jurídico 8)

 (iii) El único extremo aprobado por el Pleno versa sobre la posibilidad de interponer cuestión de confianza sobre proyectos de reforma constitucional, no obstante:

15. […] es posible advertir que el acuerdo del Congreso de la República no se relaciona con algún supuesto concreto que genere la interposición de una demanda de conflicto de competencias, sino, antes bien, se trata de un pedido genérico vinculado con la posibilidad de plantear cuestiones de confianza respecto de leyes de reforma constitucional, asunto que no se dilucida en esta clase de procesos constitucionales, los cuales demandan una conducta concreta que materialice dicha tensión. Del mismo modo, este Tribunal observa que el Congreso de la República otorgó al Poder Ejecutivo, en su momento, la cuestión de confianza sobre los proyectos de leyes de reforma constitucional, los cuales fueron debatidos y aprobados por parte del mismo Poder Legislativo.

(iv) El resto de las pretensiones (cuestión de confianza sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, sobre otorgamiento expreso de la cuestión de confianza, respeto a los procedimiento del Reglamento del Congreso y la nulidad del acto de disolución), fueron aprobados por la Comision Permanente al encontrarse disuelto el Congreso. (Fundamento jurídico 13 y 16)

(v) De  aplicarse –a estas pretensiones- de forma tajante el artículo 109 del Código Procesal Constitucional, exigiendo la aprobación de la demanda por parte del Pleno del Congreso:

– El Tribunal Constitucional omitiría su deber de colaborar con la solución jurídica y pacífica de conflictos de carácter constitucional de nuestra sociedad y de salvaguardar el equilibrio de poderes. (Fundamentos jurídicos 17 y 19)

– Se dejaría de lado la supremacía de la Constitución al impedirse el control constitucional del decreto supremo de disolución. (Fundamento jurídico 19)

(vi) La posiblidad de que, durante el interregno, la Comisión Permanente autorice la interposición de una demanda competencial no se encuentra recogido en la Constitución o el Código Procesal Constitucional puesto que sus legisladores no se encontraron en tal supuesto. Pero, “[…] desde ningún punto de vista ello puede suponer […] restringir de manera injustificada la posibilidad de que dicho órgano pueda cuestionar ante este Tribunal algún acto concreto que, según su percepción, pueda suponer un menoscabo de sus atribuciones.” (Fundamento jurídico 21)

 (vii) La situación antes descrita genera una duda razonable respecto a la admisión a trámite de la demanda, respecto del cual se aplica el principio pro actione, recogido en el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

1.2. Comentarios

Sobre el cumplimiento del elemento objetivo, el Tribunal Constitucional considera obvio que existe un conflicto de competencias constitucionales pero no desarrolla la forma en que se constituiría el mismo, respecto del cual hubiera sido deseable una mayor argumentación.

Respecto al cumplimiento del elemento subjetivo, el punto (iii) precisa que la autorización del Pleno del Congreso (en lo referente a la cuestión de confianza sobre proyectos de reforma constitucional) no fue sobre un supuesto concreto sino abstracto lo cual “no se dilucida en esta clase de procesos constitucionales”. No obstante, el Tribunal Constitucional ha declarado la admisibilidad de la demanda, cuando lo adecuado debió ser determinar su improcedencia en el extremo referido a la cuestión de confianza sobre reformas constitucionales. Frente a lo indicado, la parte demandada tiene habilitada la posibilidad de interponer un recurso de reposición (artículo 121 del Código Procesal Constitucional).

Sobre el punto (v), el Tribunal Constitucional considera que si no admite ahora la demanda renunciaría a su rol de pacificación y se dejaría de lado la supremacía constitucional, lo cual resulta cuestionable, toda vez que pudo declarar la improcedencia de la demanda y en el futuro admitirla, luego de que la siguiente conformación del Pleno del Congreso autorice la presentación de la demanda competencial.

Claro, se podría decir que no tiene sentido presentar una demanda con posterioridad a las elecciones porque no se podría atacar el decreto supremo de disolución, pero ello obvia que en la propia resolución se indica que el pronunciamiento no afectará el cronograma electoral dispuesto en tal decreto, por lo cual hubiera dado lo mismo presentar la demanda con la próxima conformación del Congreso de la República.


2. Sobre la no modificación del calendario electoral

Los últimos dos fundamentos (27 y 28) de la resolución están vinculados con la convocatoria a elecciones realizada por el decreto supremo cuestionado y desarrollado por la resolución del Jurado Nacional de Elecciones, indicando que conforme a su jurisprudencia (específicamente los fundamentos 38 y 39 de la sentencia recaída en el Expediente Nº 5854-2005-PA/TC) tal cronograma no se suspende, en aras de la seguridad jurídica y la estabilidad constitucional, precisándose que la dirimencia del proceso tendrá efectos a futuro.  

Sobre ello, es importante tomar en consideración que conforme al artículo 113 del Código Procesal Constitucional, cuando un conflicto de competencias sea por menoscabo de atribuciones, la sentencia (a) determina los poderes o entes estatales a que corresponden las competencias o atribuciones controvertidas y (b) anula las disposiciones, resoluciones o actos viciados de incompetencia; pudiendo, resolver sobre las situaciones jurídicas producidas sobre la base de tales actos administrativos.

De estos dos extremos, el Tribunal Constitucional al parecer solo se pronunciaría sobre el literal (a), es decir, su futura sentencia solo precisará los alcances de las competencias del Poder Ejecutivo y Legislativo en lo que se refiere a los hechos vinculados a la disolución del Congreso del 30 de setiembre último.

No obstante, a pesar que tal resolución cuenta con el voto favorable de todos los miembros del Tribunal Constitucional, el magistrado Sardón de Taboada se muestra contrario al fundamento 27, indicando que la misma obedecería a una preocupación de que el Tribunal Constitucional resuelva antes de las elecciones, ante lo cual “[…] preferiría que la sentencia se expidiera después de que se realicen tales elecciones […], [puesto que] “la expedición de una sentencia no puede estar sujeta a tales temores […]” [nota agregada].

Lima, 5 de noviembre de 2019

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