Derechos Humanos

¿ En qué contribuye la declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre medidas Covid – 19?

El 14 de abril de 2020, se ha difundido la Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Nº 1/20, denominada Covid-19 y derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales (clic para acceder al documento).

Tal documento, como lo precisa la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), busca guiar a los estados en la implementación de medidas respetuosas de los derechos humanos, en el marco de la lucha que vienen realizando contra el Covid -19:

[…] a fin de instar a que la adopción y la implementación de medidas, dentro de la estrategia y esfuerzos que los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos están realizando para abordar y contener esta situación que concierne a la vida y salud pública, se efectúe en el marco del Estado de Derecho, con el pleno respeto a los instrumentos interamericanos de protección de los derechos humanos y los estándares desarrollados en la jurisprudencia de este Tribunal.

En ese sentido, más allá de que no tiene efecto vinculante alguno, la Corte IDH considera sumamente importante que se tomen en consideración las directrices que sugiere con su declaración.

Es por ello que, uno de los puntos que llama la atención es la gran cantidad de días que se ha tomado tal ente supranacional para difundir su declaración (cinco días), lo cual puede ser negativo para la cooperación si se toma en cuenta que el contexto de pandemia hace que día a día los estados ejecuten diversas acciones, algunas de las cuales -en los siguientes años- serán sometidas al conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y, en algunos otros casos, a la competencia contenciosa de la Corte IDH.

Independientemente de lo precisado, la lectura integral de tal declaración puede ser evaluada desde dos perspectivas: una jurídica y otra política, las cuales pasaré a desarrollar a continuación.

1. Jurídicamente: Una declaración que poco contribuye

Si bien hay varios problemas sobre derechos humanos que se han podido evidenciar en las medidas adoptadas para hacer frente al Covid-19, un ente que busque cooperar jurídicamente para el mejor actuar del Estado, tal vez deba centrarse solo en algunos de estos temas y no pretender abarcarlo todo, como pareciera ser la intención de la Corte IDH, al menos en lo jurídico.

Y ello es evidente cuando en la declaración se hace constante referencia -en términos genéricos- a los estándares que ha brindado tal ente jurisdiccional supranacional en diversas materias vinculadas a los derechos humanos, sin que -en la mayoría de los puntos- quede claro algún criterio específico, pensado en una situación de emergencia (y ni que decir, de pandemia), apelando también al principio de razonabilidad.

Asimismo, la Corte IDH hace referencia a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a pesar de resultar cuestionable que tal ente tenga competencia contenciosa sobre todos estos derechos (conforme a lo dispuesto en el Protocolo de San Salvador). Adicionalmente, y como si no quedara claro, en este mismo punto la Corte IDH precisa qué seres humanos son beneficiarios de tales derechos.

Y es que esto último lo que nos permite advertir que, si leemos la declaración desde una óptica de utilidad jurídica, pareciera que la Corte IDH asumiera que los estados de la región no son conscientes de la existencia de diversos deberes en materia de derechos humanos, siendo entes foráneos al Sistema Interamericano. Por nombrar un punto adicional, la Corte IDH también se ha pronunciado sobre los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, indicando:

Dado el alto impacto que el COVID-19 pueda tener respecto a las personas privadas de libertad en las prisiones y otros centros de detención y en atención a la posición especial de garante del Estado, se torna necesario reducir los niveles de sobrepoblación y hacinamiento, y disponer en forma racional y ordenada medidas alternativas a la privación de la libertad.

Sobre esto, creo que al año 2020, ningún Estado parte de la Convención Americana -y ni que decir de aquellos que se someten a la competencia de la Corte IDH- puede dudar que (i) se debe respetar el derecho de las personas privadas de libertad, (ii) que el Estado tiene posición de garante de sus derechos y que sin duda (iii) hay que reducir los niveles de hacinamiento, para lo cual es importante establecer medidas alternativas a la privación de libertad, por lo que este párrafo -así como otros- en poco o nada contribuyen al mejor desarrollo del rol del Estado; claro está, esto desde una óptica jurídica.

Asimismo, hay afirmaciones que resultan sumamente controvertidas y que no queda claro si se desprende del Ordenamiento Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como la referencia a que el acceso a internet es “esencial”.

Por lo que acabo de indicar me parece objetable que se afirme que la declaración tenga alguna utilidad para la mejor praxis jurídica por parte de los estados.

2. Lectura política: Advertencia de que puede existir responsabilidad internacional

La Corte IDH es un ente jurídico. No obstante, no podemos negar que el tratar debidamente a los derechos humanos implica acudir a acciones que van más allá de lo jurídico, llegando a lo político, el espacio donde se mueven los sujetos decisores.

Por ello, con esta declaración se advierte que la Corte IDH ha realizado una recopilación de evidencia que le ha permitido advertir que existen diversos problemas en la región y que pueden devenir en grandes controversias en materia de derechos humanos que pueden llegar a su conocimiento.

Esta declaración representa una alerta, una señal de cuidado, para que los estados no dejen de lado la idea de que, en una controversia futura, no habrá una Corte IDH que rebaje sus criterios o que -de manera natural- justifique algún actuar negligente de los estados so pretexto de la existencia de una situación de emergencia generada por la pandemia.

Si bien se puede decir que esta afirmación parte de una perspectiva institucional de la Corte IDH que trasciende a los jueces que la conforman (la cual sería pertinente si tomamos en consideración que cuando el fondo de las controversias del periodo de la pandemia Covid- 19 lleguen a instancia de la Corte, esta tenga una conformación distinta a la actual), no hay que olvidar que las acciones estatales que se vienen realizando en el actual contexto puede afectar el derrotero de las controversias supranacionales pre existentes y que puede ser próximamente puesta a conocimiento de esta jurisdicción supranacional y que a su vez -en lo inmediato- podría conocer también de alguna medida provisional, conforme a lo dispuesto en el artículo 27º de su Reglamento, previa actuación de la Comisión.

Lima, 16 de abril de 2020.

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