Derechos Humanos

La CIDH y el motín del penal Castro Castro

1. Las advertencias del SIDH

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) ha venido emitiendo mensajes respecto a la convencionalidad del actuar de los estados en su lucha contra el Covid-19.

Ya en dos notas anteriores, hemos advertido de la expedición de una Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) (clic aquí) y de la publicación de dos cuadernillos de jurisprudencia sobre materias relevantes para el actual contexto (clic aquí), los cuales representan no solo una advertencia a los estados (de que su actuar puede ser inconvencional y, por lo tanto, podrán ser sancionados) sino un interés por parte de tal ente supranacional para que estos no vulneren -o al menos no en demasía- los derechos humanos de la población interamericana.

2. Eventos del penal Castro Castro

No obstante -como es de conocimiento público-, el lunes último parte de los internos del establecimiento penitenciario de Castro Castro desarrollaron un motín, solicitando atención médica adecuada y una ampliación de los supuestos para acceder al indulto y/o gracias presidenciales. No obstante, luego de la intervención del Estado, se registró un saldo de nueve internos fallecidos.

Pues bien, estos hechos -poco claros aún- han ocasionado una reacción intensa por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente que ha expresado por twitter lo siguiente:

3. Problemas de tal pronunciamiento

La publicación es contundente, la CIDH responsabiliza de los hechos al Estado peruano. No obstante -como bien lo precisaba uno de mis alumnos-, resulta extraño que un ente del SIDH realice tamaña imputación al Estado peruano sin que antes no se haya clarificado los pormenores de lo acaecido.

Pues bien, tal cuestionamiento es correcto. Los hechos complejos que suelen acompañar el desarrollo de un motín, sumado a un contexto nuevo, no amerita que un órgano del SIDH acuse al Estado peruano sin antes no tener claridad sobre el aspecto fáctico, lo cual puede lograrse por medio del desarrollo de un procedimiento de (i) petición, (ii) pedido de información bajo el artículo 41º de la Convención Americana de Derechos Humanos o (iii) de evaluación de la expedición de medidas cautelares, vías  cuyo desarrollo sobre el caso no se tiene conocimiento.

No obstante, al no haber una investigación mínima que sustente las afirmaciones de la CIDH, las mismas solo evidencian un afán de la CIDH de tener un pronunciamiento rápido para legitimar su existencia en este contexto. No obstante, lejos de ello, tal pronunciamiento solo evidencia una falta de seriedad e irresponsabilidad por parte de la CIDH, restando legitimidad al SIDH, elemento que resulta fundamental para la defensa de los derechos humanos en la región.

Lo indicado no busca negar que hay problemas evidentes respecto al Estado peruano y que es común con varios de los países de la región y a nivel mundial, con pronunciamiento oficiales de entes internos y también del SIDH, como lo referente al hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Pero claro, ello es un problema estructural que se vuelve especialmente problemático para los derechos humanos en el contexto de la lucha contra el Covid-19, que -definitivamente- un mero pronunciamiento por tweet nunca podrá resolver (ni contribuir a su resolución).

Mas allá de las críticas jurídicas, lo cierto que es -políticamente- el mensaje materia de esta nota reafirma la idea que el SIDH se encuentra pendiente del actuar de los estados en el actual contexto, especialmente respecto al Estado peruano.

Lima, 30 de abril de 2020.

2 comentarios

    1. Estimado Andrés. Muchas gracias por la revisión del post y de la reflexión brindada.

      Antes que desvincularnos del Pacto, considero que se puede prescindir del rol de la CIDH en el desarrollo del procedimiento de petición y conexos ante el SIDH. Por ello, la carga de la argumentación a favor de la presunta víctima debe recaer en su defensor y que el asunto se resuelva con un pronunciamiento jurisdiccional supranacional directo, sin intervención de la CIDH. Esto ayudaría a que el proceso supranacional sea más célere y no se de la figura de la revictimización en sede supranacional.

      Si revisas las audiencias hay una repetición de funciones de la CIDH y de la defensa de las presuntas víctimas. Claro está, esta última tiene más conocimiento del ordenamiento jurídico del Estado, gran limitante de la CIDH.

      Por otro lado, no recuerdo de un informe de la CIDH (en el marco del procedimiento de peticiones) en el que no haya evidenciado falencias sustanciales que van desde la tratativa de los hechos (o de hechos alegados en medidas cautelares) hasta la aplicación del Derecho. Claro este es un tema de percepción que espero tratar en un texto académico, sustentando debidamente tal afirmación.

      Me gusta

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